Respuesta de AADER a la nota publicada el sábado 18 de marzo de 2017 en el Suplemento Campo del Diario la Nación por el Director de la Maestría en Agronegocios titulada: “Los programas de extensión rural deben ser evaluados”,
La nota publicada el sábado 18 de marzo de 2017 en el Suplemento Campo del Diario la Nación por el Director de la Maestría en Agronegocios titulada: “Los programas de extensión rural deben ser evaluados”, no puede pasar desapercibida para los extensionistas argentinos. Por eso como entidad que integra a los que hacemos Extensión desde distintas instituciones nos sentimos en la obligación de responder a sus falacias, encender una luz de alarma y denunciar sus veladas intenciones.
Queremos aclarar que no nos oponemos a la evaluación de los Programas de Extensión, como a ningún tipo de evaluación en instituciones del sector público, las que deben ser parte del proyecto institucional, pero debemos llamar la atención cuando el fundamento se basa en información parcial y desactualizada que nos hace pensar que esconde intenciones de influir sobre la ciudadanía para recortar el gasto público en áreas esenciales como la educación y la asistencia tecnica destinada a los pequeños productores del medio rural.
El autor cae en un reduccionismo falaz al considerar que los actores rurales se reducen a los empresarios rurales de la región pampeana, sector francamente minoritario en el agro argentino, olvidándose de las economías regionales, donde 220.000 familias integradas por minifundistas, colonos, pueblos originarios y pequeños productores rurales de subsistencia, que en tan solo el 13% de las tierras disponibles ocupan el 54% del empleo rural, representando el 65% del total de unidades productivas del país, que son las atendidas por los Programas de Extensión del INTA en todo el territorio nacional.
Parece que al agronegocio le molesta que instituciones como el INTA se ocupe de los sectores que históricamente han sido postergados por el poder económico concentrado del agro. Parece molestarles que el INTA promueva innovaciones con enfoque agroecológico, que se ocupe de la seguridad y soberanía agroalimentaria, de la diversificación de la matriz productiva, de rescatar los conocimientos locales y ancestrales, de la familia rural, de generar oportunidades para los jóvenes, de visibilizar a los invisibles del campo, de promover la organización de los pequeños agricultores.
Serà que estas acciones no van en línea con el modelo sojero agroexportador, el cual ya ha demostrado ser socioambientalmente insostenible?. Serà que al agronegocio le molesta la preservación de la agrobiodiversidad, el cuidado del medio ambiente, la producción de alimentos sanos y la soberanía alimentaria?.
Estamos de acuerdo en que quien pueda pagar por recibir asesoramiento técnico lo haga, pero ese no es el caso de la gran mayoría de los productores argentinos que luchan por su subsistencia en un contexto de crisis que se profundiza, como es el caso de yerbateros, fruticultores y lecheros, entre tantos otras producciones manejadas por los sectores concentrados del agronegocio.
Comparar Argentina con EEUU es desconocer lisa y llanamente la realidad de la matriz productiva y socioeconómica argentina. Por su parte significa desconocer que el modelo de Extensiòn Rural “Made in USA” ya fue adoptado por el INTA a partir de su creación hace más de 50 años y sus efectos han profundizado las asimetrías entre las regiones más ricas y las más pobres, como también entre los grandes productores empresarios y los pequeños agricultores familiares. Hablar de la Extensión Rural solo como transferencia de tecnología al referirse al INTA es asimilarla a un modelo institucional que fue abandonado hace más de 30 años, desconociendo los debates y reformulaciones de políticas de Extensión Rural a partir de la participación y los aportes de diversos actores públicos y privados.
Por lo dicho nos preocupan posiciones pretendidamente “eficientistas” que pretenden volver a instalar el debate que precedió al modelo de privatizaciones y vaciamiento del estado propio de las políticas liberales de los 90, en beneficio de las grandes empresas, bajo el supuesto que transfiriendo recursos publicos al sector privado se mejorarà la relaciòn costo/beneficio.
Dardo Selis DNI 12.228.674
Presidente de la Asociación Argentina de Extensión Rural
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