Declaración de la AADER en relación a la crítica situación que atraviesan los organismos públicos.
Ante las actuales políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional, reorganizando Ministerios, fusionando Secretarías, subsumiendo funciones centrales, como la del Ministerio de Salud al Ministerio de Desarrollo Social, o el caso del Ministerio de Agroindustria cuyas funciones pasan a depender del Ministerio de Producción y aludiendo a que estamos transitando por un escenario de crisis (Tormenta), de la cual es el principal responsable, evidencian que las Políticas están dirigidas en beneficio de sólo una minoría de la población.
Estamos convencidos que la universidad pública, gratuita, laica y de calidad es fundamental para la formación de profesionales que requiere el desarrollo del país, nos vemos en la necesidad de denunciar que, debido al recorte presupuestario, baja de salarios y amenazas de despidos de personal, hoy las UUNN están en riesgo y principalmente sus funciones de formar profesionales, generar conocimientos y ponerlos a disposición de la sociedad. Por esto nos pronunciamos enérgicamente en defensa y apoyo de la universidad nacional y denunciamos el ahogo presupuestario que imposibilita realizar las tareas de docencia, extensión e investigación.
Situaciones similares de recortes presupuestarios y reducción de personal atraviesan el INTA, el INTI, y otros organismos de Ciencia y Técnica (CONICET).
En la Secretaria de Agricultura Familiar, ya se han llevado a cabo más de 777 despidos de trabajadores, sobre un total de 1.200, con los cuales nos solidarizamos. Este desmantelamiento de la estructura, junto con la eliminación del Monotributo Social, y la falta de reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, constituyen medidas que tienen gran incidencia en un sector productivo que es responsable de producir el 70 % de los alimentos que consume la población argentina. Las políticas dirigidas a este sector que alcanza a 252.000 agricultores, están siendo deliberadamente debilitadas, a la vez que se favorece a la agroindustria exportadora. Los extensionistas despedidos no solo brindaban asistencia técnica para mejorar y diversificar la matriz productiva, sino que además trabajaban en el acceso a derechos constitucionales específicos de los agricultores familiares, como la facilitación del comercio, acceso a la tierra, políticas de equidad de género, rescatar los conocimientos locales y ancestrales, visibilizar a los invisibles del campo, promover la organización de los pequeños agricultores, adaptación al cambio climático, generar oportunidades para los jóvenes, soberanía y seguridad alimentaria.
Por todo lo expuesto, renovamos nuestro compromiso en defensa del derecho a la Educación, a la Salud, al Trabajo y a la producción Científica al servicio de nuestro pueblo.
